La Justicia balear tiene paralizadas 17 denuncias contra Armengol por no ofrecer enseñanza en español

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares tiene paralizados desde hace meses y de forma incomprensible 17 contenciosos presentados por otras tantas familias contra el Govern de Francina Armengol por no ofrecer enseñanza en español e impartir el 100% de las clases en catalán.

El primero de los contenciosos fue presentado hace un año y el resto acumulan una demora de entre seis y cuatro meses. En todos los contenciosos las familias exigen que se cumplan las diversas sentencias que han sentado jurisprudencia y que obligan a dar al menos el 25% de las clases en español en los colegios públicos y concertados de las Islas.

Los contenciosos han sido presentados por 17 familias con la intermediación de la asociación de profesores PLIS y Sociedad Civil Balear. Aparte de estas 17 familias, hay otras 45 que tienen preparada otra demanda conjunta para presentar ante el TSJB pero que todavía no ha sido formalizada debido a un tema burocrático, la falta de algunas firmas de los demandantes.

Tanto Sociedad Civil Balear como la asociación de profesores PLIS han expresado su extrañeza por la tardanza de la Justicia balear en resolver los contenciosos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ido resolviendo todos los que se han ido presentando.

La demora en resolver los contenciosos se produce a pesar de que desde finales de año el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya no cuenta con el juez catalanista Gabriel Fiol, que tumbó la petición de un padre que exigía enseñanza en español para su hija. Fiol destacó por ser un afanado juez catalanista que, además, fue premiado por la entidad independentista Obra Cultural Balear (OCB), hermanada con Òminum Cultural en Cataluña.

La jubilación de Fiol y el nombramiento de un nuevo magistrado no ha supuesto ningún avance en la resolución de los contenciosos pendientes y todo indica que no habrá ninguna sentencia antes de las elecciones.

Mientras tanto, el Govern de Armengol no reconoce las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que obligan a considerar el español como lengua vehicular en la enseñanza y a impartir al menos el 25% de las asignaturas en esta lengua. Armengol sostiene que todas las sentencias se refieren a decisiones de la Generalitat de Cataluña y que no afectan a Baleares. La realidad es que las sentencias del Supremo y del Constitucional sientan jurisprudencia y son de aplicación en toda España.

Además, una nueva sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de agosto ratificaba la obligación de que el español sea considerado lengua vehicular en la enseñanza. Era una sentencia que invalidaba los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Cataluña por no tener en cuenta el castellano como vehicular y no aplicar las diversas resoluciones que obligan a impartir al menos el 25% de la enseñanza en español. La sentencia del Alto Tribunal tiene relevancia en Baleares donde el español no es lengua vehicular en la enseñanza.

De hecho, según los juristas consultados por este medio, la sentencia del Supremo es de plena aplicación en Baleares dado que los centros públicos practican la inmersión lingüística en catalán y ofrecen todas las asignaturas en esta lengua. En Baleares, además, existe el agravante de que la Ley de Educación aprobada por el Govern del pacto de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol establece que sólo el catalán es lengua vehicular de enseñanza en las Islas.